Aplazamiento de VeriFactu a octubre de 2028: qué cambia para pymes y autónomos y qué sigue vigente

Hacienda ha anunciado que retrasará hasta octubre de 2028 la obligación de facturar con programas adaptados a VeriFactu. Por ahora, sin embargo, es solo un anuncio: mientras no se publique en el BOE, las fechas que cuentan siguen siendo el 1 de enero de 2027 para las sociedades y el 1 de julio de 2027 para los autónomos.
VeriFactu es el sistema que obliga a empresas y autónomos a emitir sus facturas con un programa que no permita borrarlas ni modificarlas sin dejar rastro. Su entrada en vigor ya se ha retrasado dos veces. El 5 de octubre de 2026, el Ministerio de Hacienda anunció un tercer aplazamiento, con el objetivo de que coincida con la llegada de la factura electrónica obligatoria entre empresas, prevista para octubre de 2028 en el caso de quienes facturan hasta 8 millones de euros al año.
Para la mayoría de pymes y autónomos sería una buena noticia: una sola adaptación del programa de facturación, en lugar de dos en poco más de un año. El problema es el calendario. Si el cambio no se publica antes de que termine 2026, las sociedades quedarán obligadas desde el 1 de enero de 2027, y no cumplir puede suponer una multa de 50.000 euros por cada ejercicio.
A continuación se explica qué dice hoy la norma, qué ha anunciado exactamente Hacienda, qué cambia y qué no para la pequeña empresa, y qué conviene hacer en los próximos meses. El artículo se actualizará cuando el aplazamiento se publique en el BOE.
Marco normativo de VeriFactu
La obligación tiene origen legal. La Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, incorporó al artículo 29.2.j) de la Ley General Tributaria el deber de productores, comercializadores y usuarios de que los sistemas informáticos que soporten los procesos contables, de facturación o de gestión garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros. Esa misma ley introdujo en el artículo 201 bis de la Ley General Tributaria la infracción específica por fabricación, comercialización y tenencia de sistemas que no cumplan dichas exigencias.
El desarrollo reglamentario se encuentra en el Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre, conocido como Reglamento VeriFactu, y en la Orden HAC/1177/2024, de 17 de octubre, que fija las especificaciones técnicas. El Reglamento ofrece dos modalidades de cumplimiento: los sistemas que remiten de forma automática todos los registros de facturación a la Agencia Tributaria, denominados «Sistemas VERI*FACTU» (artículo 16), y los sistemas que no los remiten, que deben firmar electrónicamente los registros y garantizar su conservación e inalterabilidad (artículos 8 y 12).
Están obligados, conforme al artículo 3.1 del Reglamento, los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, los contribuyentes del IRPF que desarrollen actividades económicas, los no residentes que operen mediante establecimiento permanente y las entidades en régimen de atribución de rentas con actividad económica. Quedan fuera, por el artículo 3.3, quienes lleven los libros registro a través del Suministro Inmediato de Información (SII).
El calendario de adaptación de los usuarios ha sido modificado en dos ocasiones mediante norma publicada:
- Redacción original del Real Decreto 1007/2023: 1 de julio de 2025.
- Real Decreto 254/2025, de 1 de abril: 1 de enero de 2026 para sociedades y 1 de julio de 2026 para el resto.
- Real Decreto-ley 15/2025, de 2 de diciembre, publicado en el BOE el 3 de diciembre de 2025 y convalidado por el Congreso: 1 de enero de 2027 para sociedades y 1 de julio de 2027 para el resto.
Esta última es la redacción vigente de la disposición final cuarta del Real Decreto 1007/2023, que establece que los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades deberán tener adaptados sus sistemas antes del 1 de enero de 2027 y el resto de obligados antes del 1 de julio de 2027.
La Agencia Tributaria mantiene estas mismas fechas en su nota informativa sobre la ampliación del plazo de adaptación y precisa que el tiempo que resta hasta ellas es un periodo de pruebas: quien ya utilice un sistema en la modalidad VERI*FACTU puede dejar de remitir registros de prueba y facturar con otro sistema hasta la fecha límite.
Qué ha anunciado Hacienda y en qué punto se encuentra el aplazamiento
La nota informativa del Gabinete de Prensa del Ministerio de Hacienda, de 5 de octubre de 2026, se presenta expresamente como una «previsión de modificación de los plazos» de las obligaciones pendientes derivadas del Real Decreto 1007/2023. Su contenido puede sintetizarse en cuatro puntos:
- Las obligaciones pendientes de aplicación se trasladarían a octubre de 2028, sin concretar el día.
- El objetivo declarado es hacerlas coincidir con la factura electrónica obligatoria de quienes facturan hasta 8 millones de euros y favorecer la convergencia normativa y técnica de ambos sistemas.
- Las exigencias de integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad se mantendrían en términos sustancialmente equivalentes a los actuales.
- Una vez alineados los calendarios, se anuncia una modificación posterior del ámbito de aplicación y de determinados aspectos técnicos, teniendo en cuenta las futuras obligaciones europeas de información digital en el IVA (paquete ViDA).
A la fecha de este análisis, el aplazamiento no se ha publicado en el BOE. El texto consolidado del Real Decreto 1007/2023 mantiene como última actualización la de 3 de diciembre de 2025, de modo que las fechas jurídicamente exigibles siguen siendo las de 2027.
El contexto añade incertidumbre sobre el instrumento y el momento de la formalización. El Real Decreto 806/2026, publicado en el BOE el 6 de octubre, disolvió las Cortes Generales y convocó elecciones para el 29 de noviembre. La disposición final segunda del Real Decreto-ley 15/2025 preservó el rango reglamentario del Real Decreto 1007/2023, de modo que el Gobierno puede modificar las fechas mediante un real decreto, aunque su tramitación exige trámites como la audiencia pública y los informes preceptivos; un nuevo real decreto-ley, en cambio, requeriría su convalidación por la Diputación Permanente. Además, tras las elecciones del 29 de noviembre el Gobierno quedará en funciones, limitado al despacho ordinario de los asuntos públicos salvo casos de urgencia o interés general. El precedente inmediato tampoco invita a la tranquilidad: el Real Decreto-ley 15/2025 se publicó el 3 de diciembre de 2025, menos de un mes antes del plazo que aplazaba.
Calendario vigente y calendario anunciado
| Obligación | Obligados | Fecha vigente en el BOE | Fecha anunciada |
|---|---|---|---|
| VeriFactu (RD 1007/2023) | Contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades | Antes del 1 de enero de 2027 | Octubre de 2028, pendiente de norma |
| VeriFactu (RD 1007/2023) | Autónomos en IRPF, entidades en atribución de rentas y establecimientos permanentes | Antes del 1 de julio de 2027 | Octubre de 2028, pendiente de norma |
| VeriFactu (RD 1007/2023) | Productores y comercializadores de software | Exigible desde el 29 de julio de 2025 | La nota se refiere a obligaciones pendientes |
| Factura electrónica B2B (Ley 18/2022, RD 238/2026 y Orden HAC/1028/2026) | Volumen de operaciones superior a 8 millones de euros en el año anterior | 6 de octubre de 2027 | Sin cambios |
| Factura electrónica B2B | Resto de empresarios y profesionales | 6 de octubre de 2028 | Sin cambios |
| Comunicación de estados de la factura | Personas físicas y entidades en atribución de rentas con volumen igual o inferior a 8 millones | 6 de octubre de 2029 | Sin cambios |
Las fechas de la factura electrónica resultan del Real Decreto 238/2026, de 25 de marzo, y de la Orden HAC/1028/2026, de 2 de octubre, en vigor desde el 6 de octubre de 2026, fecha desde la que se computan los plazos de doce, veinticuatro y treinta y seis meses.
Qué cambia y qué no para la pequeña empresa
Si el aplazamiento se formaliza en los términos anunciados, la pequeña empresa y el autónomo con un volumen de operaciones no superior a 8 millones de euros afrontarían en octubre de 2028 dos obligaciones a la vez: emitir factura electrónica a otros empresarios y profesionales y facturar con un sistema adaptado a VeriFactu. La ventaja es evidente: un único proyecto de adaptación, una sola decisión de software y un solo proceso de formación interna. Además, sociedades y autónomos pasarían a compartir fecha, frente al escalonamiento actual de seis meses.
Hay, sin embargo, elementos que el anuncio no altera.
Las exigencias técnicas se mantienen. La propia nota indica que los requisitos de fondo seguirán siendo sustancialmente equivalentes. Lo que se retrasa es la fecha, no el contenido de la obligación, y los sistemas ya adaptados conservan su validez, sin perjuicio de los ajustes técnicos que puedan derivarse de la convergencia anunciada.
El régimen sancionador no se modifica. El artículo 201 bis de la Ley General Tributaria es una norma con rango de ley que el anuncio no toca. Según la información publicada por la Agencia Tributaria, la tenencia de sistemas que no cumplan los requisitos o que hayan sido alterados se sanciona con multa fija de 50.000 euros por ejercicio, y la fabricación o comercialización, con 150.000 euros por ejercicio y por cada tipo de sistema.
Los fabricantes de software ya están obligados. Su plazo venció el 29 de julio de 2025, nueve meses después de la entrada en vigor de la Orden HAC/1177/2024. La nota se refiere a las obligaciones pendientes de aplicación, por lo que el software que se adquiera hoy debería estar ya adaptado y acompañarse de la declaración responsable del productor prevista en el artículo 13 del Reglamento.
VeriFactu y factura electrónica siguen siendo obligaciones distintas. VeriFactu regula los requisitos del programa con el que se emite cada factura; la factura electrónica regula el formato y el intercambio de las facturas entre empresarios y profesionales. El propio preámbulo del Real Decreto 1007/2023 advierte de las sensibles diferencias entre ambas normativas. Cumplir una no exime de la otra.
Las empresas que superan los 8 millones de euros mantienen su propio calendario. Para ellas la factura electrónica llega en octubre de 2027. Además, cualquier pyme que tenga entre sus clientes o proveedores a empresas de ese tamaño empezará a recibir facturas electrónicas antes de estar obligada a emitirlas, lo que también exige preparar el circuito de recepción.
Riesgos y posibles contingencias
Para las sociedades, el margen es especialmente corto: desde la publicación de este artículo hasta el 1 de enero de 2027 quedan menos de dos meses, y el precedente de 2025 muestra que la norma de aplazamiento puede llegar en el último momento o no llegar a tiempo.
Falta de formalización antes del 31 de diciembre de 2026. Es el riesgo principal, y afecta en primer lugar a las sociedades. Si la norma no se publica a tiempo, los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades quedarían obligados desde el 1 de enero de 2027 por el texto hoy vigente, y los autónomos desde el 1 de julio de 2027. Un anuncio ministerial carece de valor normativo y no puede invocarse frente a la aplicación de una disposición publicada.
Exposición sancionadora. La multa por tenencia de sistemas no conformes es fija y se computa por ejercicio, lo que la hace especialmente gravosa para negocios de pequeña dimensión. No depende de que exista una cuota defraudada.
Ajustes técnicos posteriores. La convergencia con la factura electrónica y con el paquete europeo ViDA puede introducir cambios en el ámbito subjetivo y en las especificaciones. Los contratos de software que no incluyan un compromiso de actualización pueden obligar a una segunda inversión.
Concentración de la demanda en 2028. Si octubre de 2028 se convierte en la fecha única para la mayoría de pymes y autónomos, es previsible una saturación de proveedores e integradores en los meses previos. Aplazar las decisiones hasta el verano de 2028 traslada el riesgo, no lo elimina.
Confusión entre obligaciones. Tratar VeriFactu y la factura electrónica como un único requisito puede llevar a elegir soluciones que cubran solo una de ellas.
Cómo gestionar el plazo con criterio
A la luz de la normativa vigente y del contenido del anuncio, se desprende que el enfoque más prudente para una pequeña empresa consiste en planificar sobre el calendario publicado y tratar el aplazamiento como un escenario probable, pero no confirmado. En la práctica, ello se traduce en las siguientes actuaciones:
- Inventariar los sistemas de facturación que intervienen en la actividad: programa de gestión, TPV, plataformas de comercio electrónico y cualquier otra herramienta con la que se emitan facturas completas o simplificadas.
- Solicitar al proveedor la declaración responsable del artículo 13 del Reglamento y una confirmación por escrito de su hoja de ruta, tanto para VeriFactu como para la emisión y recepción de factura electrónica.
- Preparar un plan de contingencia para el 1 de enero de 2027 en el caso de las sociedades, y para el 1 de julio de 2027 en el de los autónomos, que pueda activarse si el aplazamiento no se publica en el BOE a tiempo.
- Evitar compromisos de larga duración con soluciones que no incluyan la actualización a los cambios técnicos anunciados.
- Determinar el volumen de operaciones del año natural anterior respecto del umbral de 8 millones de euros, que fija la fecha aplicable de la factura electrónica.
- Revisar el circuito de recepción de facturas, especialmente cuando existan clientes o proveedores de mayor tamaño que estarán obligados desde octubre de 2027.
En Baleares, con un tejido empresarial muy presente en la hostelería, el comercio y los servicios turísticos, conviene prestar especial atención a los TPV y a los sistemas de emisión de facturas simplificadas, que también quedan comprendidos en el ámbito del Reglamento conforme a su artículo 1.2.
Documentación que conviene reunir
- Declaración responsable de cada sistema de facturación utilizado y de sus versiones.
- Contratos de licencia y mantenimiento, con las cláusulas de actualización normativa.
- Cálculo del volumen de operaciones del ejercicio anterior.
- Relación de clientes y proveedores que superen el umbral de 8 millones de euros, a efectos de la recepción de factura electrónica desde 2027.
Conclusión
El anuncio de Hacienda apunta en una dirección razonable para la pequeña empresa: una sola fecha, octubre de 2028, para adaptar el sistema de facturación y empezar a emitir factura electrónica. Pero mientras no se publique en el BOE, el calendario exigible es el de 2027, con el 1 de enero como fecha crítica para las sociedades. La gestión prudente pasa por no precipitar inversiones, no abandonar el proyecto y disponer de un plan de contingencia que pueda activarse si la norma no llega a tiempo.
Preguntas frecuentes
¿Qué es VeriFactu?
Es el nombre con el que se conoce la norma que fija los requisitos de los programas de facturación, el Real Decreto 1007/2023. En la práctica, obliga a que el programa con el que se emiten las facturas guarde un registro de cada una que no pueda borrarse ni modificarse sin dejar huella. El programa puede, además, enviar cada factura a Hacienda en el momento de emitirla, que es la modalidad que da nombre al sistema.
¿Está aprobado ya el retraso a octubre de 2028?
Todavía no. Por ahora es un anuncio de Hacienda, del 5 de octubre de 2026. Para que sea obligatorio tiene que publicarse en el BOE, y mientras eso no ocurra siguen vigentes las fechas de 2027.
¿Qué pasa si no se publica antes de que termine 2026?
Se aplicarían las fechas actuales: las sociedades tendrían que facturar con un programa adaptado desde el 1 de enero de 2027, y los autónomos y demás obligados, desde el 1 de julio de 2027.
¿Afecta igual a sociedades y autónomos?
Según el anuncio, sí. Ambos pasarían a tener la misma fecha, octubre de 2028. Hoy, en cambio, las sociedades tienen seis meses menos de margen que los autónomos.
¿Es lo mismo VeriFactu que la factura electrónica?
No, son dos obligaciones distintas. VeriFactu se refiere al programa con el que se hacen las facturas, que no debe permitir manipularlas. La factura electrónica se refiere a cómo se envían las facturas entre empresas y profesionales, en un formato electrónico estructurado que un simple PDF no cumple. Hacienda quiere que las dos lleguen a la vez, pero cumplir una no exime de la otra.
¿Qué multa hay por usar un programa no adaptado?
El artículo 201 bis de la Ley General Tributaria prevé una multa fija de 50.000 euros por cada ejercicio para quien utilice un programa de facturación que no cumpla los requisitos o que haya sido manipulado. Para quien fabrique o venda esos programas, la multa es de 150.000 euros por ejercicio y por cada tipo de programa.
¿Afecta a las empresas que ya llevan sus libros de IVA por el SII?
No. Las empresas que llevan sus libros de IVA a través del Suministro Inmediato de Información (SII) quedan fuera de VeriFactu. Sí tendrán que cumplir, en cambio, con la factura electrónica, que es una obligación distinta.
¿Tiene sentido adaptar ya el programa de facturación?
Sí. Los requisitos no van a cambiar en lo esencial, y tener el programa adaptado evita problemas si el retraso no llega a tiempo. Lo prudente es pedir al proveedor que se comprometa por escrito a actualizarlo cuando se adapte a la factura electrónica.
Cómo trabajamos en Vicens Advisors
El equipo de Vicens Advisors sigue la tramitación de esta modificación normativa y acompaña a empresas y profesionales de Mallorca en la revisión de sus sistemas de facturación, la verificación de la documentación de sus proveedores de software y la planificación de su adaptación a VeriFactu y a la factura electrónica. El análisis se realiza caso por caso, a partir de la forma jurídica, el volumen de operaciones y los sistemas efectivamente utilizados por cada negocio.
Fuentes
- Ministerio de Hacienda, nota informativa de 5 de octubre de 2026
- Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre, texto consolidado (BOE)
- Real Decreto-ley 15/2025, de 2 de diciembre (BOE)
- Real Decreto 254/2025, de 1 de abril (BOE)
- Real Decreto 238/2026, de 25 de marzo (BOE)
- Orden HAC/1028/2026, de 2 de octubre (BOE)
- Agencia Tributaria, preguntas frecuentes sobre sistemas informáticos de facturación
- Agencia Tributaria, nota informativa sobre la ampliación del plazo de adaptación de los sistemas de facturación
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